Nuevo varapalo al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que avaló la
represalia de Seguridad Intersindical Canaria a los sindicalistas.
Otras dos sentencias del Tribunal Constitucional, han anulado
los despidos en abril de 2015 de dos miembros del comité de
empresa de la empresa Seguridad Integral Canaria, como represalia
por haber protestado el 23 de diciembre de 2014 en un pleno del Ayuntamiento de
la capital contra los impagos e incumplimientos laborales, ataviados con una
careta del Pequeño Nicolás y con mensajes en sus camisetas en los que se leía
"donde hay un corrupto hay un corruptor", en referencia al
entonces propietario de la compañía, el también presidente de la Unión
Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.
Estas dos resoluciones, que se suman a otra similar emitida en septiembre
pasado, suponen otro duro varapalo a los fallos de la Sala
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que
respaldaron los despidos disciplinarios de Ramírez, por infracción de la buena
fe contractual, falsedad, deslealtad y ofensas verbales. Los vigilantes de
seguridad han sido defendidos por el abogado Diego León Socorro.
La Sala primera del Constitucional declara nulos los dos despidos, porque
vulneran el derecho de libertad sindical. Según los magistrados, los despidos
suponen "una limitación indebida del derecho a la libertad
sindical, en relación con la libertad de expresión".
Los sindicalistas despedidos, señalan ambos fallos, hicieron un "uso
legítimo de sus derechos fundamentales de libertad de expresión en relación con
el derecho a la libertad sindical", al exteriorizar "su
desacuerdo no sólo con la empresa empleadora, sino también con la pasividad de
los responsables municipales que, tras adjudicar la prestación del servicio a
Seguridad Integral Canaria, S.A., consintieron pasivamente el impago de los
salarios de los trabajadores de la contrata fijados en el convenio
colectivo".
Como en la primera sentencia, los magistrados entienden que
"atribuir a la empresa de seguridad la acción de corromper a la
Administración, mediante un mensaje escrito impreso en las camisetas, en el
contexto de un conflicto laboral, con el propósito de recriminar al
Ayuntamiento su pasividad frente al incumplimiento de las condiciones laborales
de los trabajadores de una empresa adjudicataria de un servicio de titularidad
pública -por más que se acompañen de la imagen de dos manos entregándose
dinero-, no tenía más significación que la de denunciar la irregular actuación
de la administración. Dicha protesta no buscaba otra finalidad que
lograr el respeto de las condiciones laborales que se consideraban infringidas,
pese a que los responsables de la empresa pudieran considerar que el mensaje
impreso en las camisetas fuera ofensivo, molesto o hiriente".
En la sentencia se hace referencia a las cartas de despido,
en la que se recrimina a los demandantes de estar presente también en una rueda
de prensa del 31 de marzo de 2015, mostrando su apoyo a las declaraciones del
entonces secretario de Intersindical Canaria y hoy concejal de Cohesión Social
en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jacinto Ortega.
En dichas afirmaciones se acusaba a Ramírez de ser "un dictador
empresarial" y de estar "ante una empresa y un grupo empresarial, con
una política basada en el terror y el miedo hacia los trabajadores, la cual
cuenta con sicarios empresariales y explotadores, que actúan contra la clase
trabajadora". Ramírez denunció a Ortega por atentar contra su honor, pero
el Tribunal Supremo anuló el pasado mes de junio la condena de la Audiencia
Provincial de Las Palmas por llamar "corrupto" y
"corruptor" al empresario.
Desde Seguridad Integral Canaria -cuyo nuevo titular es Héctor de
Armas, tras adquirir en junio pasado la empresa de la que fue
administrador único desde 2011-, respaldaron ayer las dos nuevas sentencias y
aseguraron que de los nueve sindicalistas despedidos en 2015 "han
sido readmitidos todos. Cinco están reincorporados y el resto
prefirió esperar a la sentencia del Constitucional para pedir la readmisión,
que será inmediata". Las fuentes aclararon que los despidos se produjeron
por "decisión del anterior propietario. Una de las primeras medidas de
Armas fue readmitir a todos los que quisieron. Nos alegramos de que la Justicia
reconozca aquellos desajustes que se produjeron".
No hay comentarios:
Publicar un comentario