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lunes, 3 de abril de 2017

El Govern ultima un decreto que ordena el ejercicio de competencias en seguridad privada.

En Catalunya hay 13.000 vigilantes de seguridad y 353.000 alarmas.

La Conselleria de Interior de la Generalitat está ultimando un decreto que regulará el ejercicio de sus competencias en materia de seguridad privada, determinará los órganos a los que corresponde ejercerlas y organizará las funciones que ha asumido el Govern, especialmente tras la aprobación de nueva Ley de seguridad ciudadana.

Actualmente, según datos de la Dirección General de Administración de Seguridad, en Catalunya hay 13.218 vigilantes de seguridad, 353.274 conexiones de alarmas a centrales receptoras y 101 centrales con conexiones en esta comunidad.
Asimismo, hay 340 empresas de seguridad que prestan servicios en Catalunya, de las cuales 198 son exclusivamente catalanas, según la misma fuente.

En una entrevista de Europa Press, la subdirectora general de Seguridad Interior, Maite Casado, ha explicado que con la Ley 5/2014 de seguridad privada "no solo se consolidan las competencias sino que se consiguen más competencias y este decreto refuerza y recuerda que las competencias de la seguridad privada son de la Generalitat".

Tras la aprobación de dicha ley estatal, la Generalitat ha ampliado sus competencias en seguridad privada, asumiendo, además de la apertura de empresas de seguridad con ámbito de actuación en Catalunya, la de delegación de empresas que actúen en este territorio.

Según recoge el propio decreto, se han asumido las competencias relativas a la apertura de despachos de detectives y sus sucursales con domicilio en Catalunya, con la novedad de posibilidad la apertura de establecimientos mediante declaración responsable.

Corresponderá a la Generalitat la competencia de autorizar las actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en esta comunidad, y las competencias de control, inspección y sanción se asumen en su máxima dimensión tanto en las actividades como en los servicios.

En videovigilancia, corresponde a la Generalitat autorizar la utilización de cámaras por parte de vigilantes de seguridad y guardas rurales con finalidades de seguridad privada para captar imágenes y sonido de vías y espacios públicos.
Una de las competencias que por el momento mantiene el Estado es la formación y habilitación de los vigilantes privados, por lo que de momento mantiene la elaboración de los exámenes para ser vigilante de seguridad, los programas y las pruebas, pese a que la Generalitat los reclama.

COMPETENCIAS

Corresponde a la Generalitat la autorización, recepción de declaración responsable o comunicación de apertura de las empresas de seguridad y las delegaciones, los despachos de detectives y sucursales en este mismo ámbito, las centrales receptoras de alarmas, los centros de formación, los departamentos de seguridad y los establecimientos obligados a adoptar medidas de seguridad con domicilio en Catalunya y ámbito de actuación limitado a este territorio.

Es competencia de la Generalitat, según este decreto, la autorización de actividades y servicios de seguridad privada que se lleven a cabo en Catalunya y requieren de autorización o control previo y la inspección, control y sanción estas actividades.
Además, la coordinación de servicios de seguridad e investigación privada con los Mossos d'Esquadra y Policías Locales, así como algunos aspectos de la formación en seguridad privada a través del Instituto de Seguridad Pública de Catalunya (ISPC).


sábado, 1 de abril de 2017

El Reglamento se mueve.



Recientemente, con ocasión de la reunión del Foro EFITEC, los representantes de la Administración informaron a los presentes del desarrollo de los trabajos que lleva a cabo el Ministerio del Interior para la elaboración del tan esperado Reglamento de Seguridad Privada. Ciertamente, la noticia, no por esperada menos deseada, merece algunos comentarios.
En primer lugar, llamar la atención sobre el equipo llamado a culminar esa asignatura pendiente. De nuevo, el comisario principal Esteban Gándara y el coronel César Álvarez, bajo la dirección del secretario general técnico del Ministerio, Juan Antonio Puigserver, y del vicesecretario, Antonio Cerrolaza, han asumido la responsabilidad de aterrizar en el Reglamento las expectativas generadas en la Ley 5/2014. 
La confianza en este equipo es máxima. Su trabajo es de sobra conocido y les avala su acreditada capacidad para diseñar un futuro prometedor para el sector de la seguridad privada; lo han hecho desde la Ley y a lo largo de su trabajo al frente de sus respectivos departamentos, con el apoyo de sus magníficos equipos. Nos felicitamos por su presencia porque somos plenamente conscientes del bagaje de experiencia y conocimiento que poseen, hasta el punto de poder afirmar sin temor a equivocarnos que sin ellos se habría perdido en gran parte, no sólo la visión global y de futuro, sino incluso la capacidad de alcanzar acuerdos en lo fundamental. 
En segundo lugar, la información facilitada da cuenta del alto ritmo que se ha imprimido al trabajo del grupo, lo que indica que, tras casi dos años de demora, los nuevos responsables de Interior han sabido conectar con el clamor del sector y han decidido impulsar con firmeza esta pieza fundamental que faltaba en el puzle de la seguridad nacional. 
Somos conscientes de que, precisamente por su trascendencia, la tramitación del Real Decreto será larga y complicada. No cabe hacerse ilusiones de que en breve lo veremos en el BOE; por el contrario, debemos prepararnos para esperar quizá más de un año su publicación. El propio vicesecretario expuso en el III Congreso Nacional de Seguridad Privada cómo una norma de esta naturaleza requería un largo plazo para completar su tramitación y hoy la situación política es más compleja.
Pero, con ser importante la rapidez, lo es más que la calidad del trabajo esté a la altura de las expectativas: nuevos servicios, nuevas fórmulas de participación, mejor coordinación con la seguridad pública, más uniformidad en el bloque normativo de la seguridad, valor para lanzarse a soluciones imaginativas que potencien la lucha contra las malas prácticas, fórmulas más flexibles de control que, al mismo tiempo incrementen la fiabilidad de los servicios, prudencia para adentrarse en nuevos espacios sin perder el pragmatismo que siempre aconseja “menos es más…”
He ahí algunos de los grandes retos de este Reglamento que nos hacen pensar que vivimos un momento histórico. Si la Ley de 1992, con su Reglamento de 1994, propiciaron un desarrollo extraordinario del sector de la seguridad privada, considerado entonces básicamente como proveedor de servicios de vigilancia, no cabe duda de que la Ley de 2014, con este Reglamento lo pueden proyectar con plenas garantías hacia una posición de proveedor de servicios integrales de seguridad, en los que la tecnología tendrá un papel protagonista ocupando el espacio que nuestra Estrategia Nacional de Seguridad le ha reservado y el servicio a España requiere. La capacidad del grupo que lo conduce induce al optimismo y nos ponemos a su entera disposición, al igual que cada uno de los profesionales que lo integran, para aportar todo aquello que pueda resultar de utilidad en esta noble empresa.
¡¡MUCHA SUERTE!! 

jueves, 30 de marzo de 2017

La Comisión Provincial de Seguridad Privada coordinada la llamada 'Red Azul'.

El subdelegado del Gobierno central en Córdoba, Juan José Primo Jurado, ha presidido este miércoles la Comisión Provincial de la Seguridad Privada -que persigue fomentar la coordinación de los agentes que constituyen este sector en la provincia-, centrándose en denominada 'Red Azul', operativo de control en el que participan empresas de seguridad y efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.


Así lo ha indicado la Subdelegación del Gobierno, que ha detallado que dicha red tiene como objetivo fundamental la prevención y resolución de conflictos que puedan surgir en los distintos sectores donde tienen competencia la seguridad privada. La Comisión Provincial de la Seguridad Privada está integrada por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sectores económicos obligados a mantener medidas de seguridad privada (como bancos, administraciones de loterías o farmacias, entre otros), empresas de seguridad y sindicatos. De esta comisión también forman parte expertos del sector, nombrados por el subdelegado del Gobierno.
El subdelegado del Gobierno, Juan José Primo Jurado, ha querido destacar, en el transcurso de la comisión "la excelente colaboración, que en esta materia, prestan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".