Los sanitarios solo denuncian el 4% de las agresiones que sufren.

Expertos insisten en la importancia de no silenciarlas para atajar el problema. Se ha iniciado un estudio de medidas de seguridad para los centros médicos.

Los sanitarios solo denuncian el 4% de las agresiones que sufren en su trabajo. Esta es una de las conclusiones sobre las que se debatirá hoy en XXXII Congreso Aragonés de Atención Primaria, organizado por el Sindicato de Médicos de Atención Primaria que se celebra en Zaragoza.

El tema principal de la jornada versa sobre las agresiones que sufre el personal sanitario durante las labores que desempeñan y que, según jefe de la Sección de Seguridad del Sector II del Servicio Aragonés de Salud, José Ramón Vera, va en aumento.

Vara, que participará en la conferencia Agresión a los sanitarios: propuesta de medidas efectivas de hoy, destacó que se trata de un problema creciente que «se ha multiplicado en los últimos años» y que, además de agresiones físicas, también incluye los insultos o las coacciones. Incidió en que «no denunciar implica que el autor presuntamente lo seguirá haciendo».

Lamentó que los profesionales sean reacios a dar este paso, por lo que en el Sector II se ha preparado un proyecto con la pretensión de luego extenderlo al resto de zonas sanitarias, que apuesta por «facilitar y apoyar» a los denunciantes, asesorándolos en los distintos pasos «y no dejándolos solos en el juicio».

El director de Seguridad señaló la importancia de incluir en la denuncia las circunstancias de la agresión y datos de importancia para que pueda ser tratada como un caso de atentado a la autoridad, lo que implica penas mayores, como se describe en el artículo 550 del Código Penal, explicó.

Por ahora se están estudiando las posibles medidas a implantar en el Sector II como la seguridad privada o pulsadores de emergencia aunque, matizó, «las características y circunstancias varían mucho desde un hospital hasta un centro de salud rural», donde además hay una gran falta de personal.

Es por esto por lo que, a su juicio, no serán efectivas si no se hace una formación previa en materia de agresiones a profesionales de la salud que incluya, como principal objetivo, un «procedimiento de actuación para cada centro» adaptado a su riesgo e instalaciones de seguridad existentes.

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Vigilantes 'públicos' a 700 € al mes en el Ayuntamiento de Madrid.

Trabajadores de Marsegur. Los guardias de 44 edificios y bibliotecas públicas contratados por la empresa Marsegur pelean en los tribunales contra sus condiciones laborales «de esclavitud».

Los vigilantes de seguridad del Templo de Debod cobran 700 euros brutos al mes. Ni cinco euros a la hora por custodiar un monumento con 2.200 años de historia. Su caso no es anecdótico. La misma nómina exigua, casi idéntica al Salario Mínimo Interprofesional, la reciben quienes cuidan del Museo de Historia de Madrid, el centro cultural Conde Duque y el Planetario...

Todos ellos trabajan para la empresa privada Marsegur, que el pasado mes de septiembre se hizo con el concurso del Ayuntamiento de la capital (PP) para proteger 44 edificios y bibliotecas públicas durante un periodo de año. Hasta entonces los miembros de las plantilla cobraban 1.000 euros. Lo primero que hizo la nueva adjudicataria, obligada a subrogar a los 90 trabajadores, fue recortar esa cifra un 30%.

La situación es similar a lo que ha pasado con los últimos contratos municipales, adjudicados a las ofertas económicas más bajas. En este caso en concreto, según las estimaciones realizadas por el propio Gobierno local, el servicio tenía un valor de 3,7 millones de euros, pero ya se sacó a licitación con una rebaja importante: 2,2 millones. A su vez, la compañía ganadora se ha comprometido a realizarlo por 1,8 millones, un 21% menos del presupuesto máximo asignado y un 50% más barato de lo que en teoría cuesta.

La traducción de toda esta amalgama numérica es la mencionada reducción en los salarios y, como consecuencia de ella,«la gente no va a trabajar motivada, baja la productividad y además hay temor a nuevos recortes; pasar de cobrar 1.000 euros a 700 euros de un mes para otro implica muchas familias endeudadas», explica Luis Bernal, portavoz del Sector Seguridad Privada de CCOO.

Más que despidos, huidas

En este momento, según José Olmo, secretario sectorial de Seguridad y Servicios Auxiliares de UGT Madrid, «lo que no hay es amenaza de despidos, casi al revés: quien encuentra algo mejor lógicamente se va». «Las empresas tiran los precios para ganar los concursos y después tienen que racanear en todo, desde la formación hasta los uniformes».

Todo este malestar laboral ha tenido su reflejo en varios frentes judiciales y administrativos, la mayoría de ellos aún abiertos. Por ejemplo, el de la denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid de la aplicación por parte de la empresa de un descuelgue del convenio colectivo aprobado en 2013 que permite modificar las nóminas por debajo de lo establecido.

Los sindicatos alegaron que dicha cláusula del descuelgue no es de aplicación a los trabajadores incorporados después de la fecha de la firma, como es el caso de los contratados en 2014 en la concesión del Ayuntamiento. En el acto de conciliación la compañía se vio obligada a pagar la diferencia salarial, pero sólo la correspondiente a octubre y noviembre, porque entre medias el 1 de diciembre había sacado un nuevo convenio colectivo consolidando ya las bajadas.

La empresa aún no abonado lo comprometido, porque ha pedido la impugnación del laudo, y los representantes de los trabajadores han seguido interponiendo demandas en el juzgado.

Inspección de Trabajo

Aún queda también que la Inspección de Trabajo se pronuncie sobre la denuncia presentada por CCOO asegurando que «no solamente se realiza un volumen de horas extraordinarias por encima de las 80 que permite el Estatuto de los Trabajadores, sino que además no se cotizan algunas de ellas y otras se abonan como plus de productividad».

A todo esto, especial suspicacia provoca el hecho de que el dueño de Marsegur, Miguel Ángel Ramírez, fuera indultado en noviembre de 2013 por Mariano Rajoy de la condena a tres años de cárcel que le impuso la Audiencia de Las Palmas. Un portavoz de la compañía, que desde enero de 2015 tiene 185 trabajadores en contratos del Ayuntamiento, defiende que las bajadas de sueldo han sido «normales».

En el equipo de Botella señalan que se trata de un conflicto entre una empresa privada y sus trabajadores. Por su parte, la edil socialista Ana García D'Atri considera que el Ayuntamiento «crea esclavos».

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Los vigilantes más formados de Europa.

Los vigilantes españoles son los más formados de toda Europa. Así lo acreditan las horas de formación necesarias, que alcanzan las 180, a las que hay que sumar otras 20 anuales de carácter obligatorio. Además, España es el único país europeo en el que el personal de seguridad privada tiene que pasar un examen de habilitación, que realiza el Ministerio del Interior.

En España hay habilitados un total de 207.212 vigilantes de seguridad, según datos oficiales. De ellos, se estima que solamente están en activo 88.250, como recoge el informe de Aproser, patronal que agrupa a las principales empresas del sector. Su edad media ronda los 41 años, y la rotación anual se sitúa en un 17%.

El de la seguridad privada sigue siendo un sector dominado por los hombres, si bien en los últimos años se ha avanzado en la incorporación de la mujer a este tipo de trabajos. Actualmente, la proporción es de un 84% de trabajadores frente al 16% de trabajadoras. Otro de los datos que recoge el informe habla de sus condiciones laborales, y destaca que la mayoría de los empleados cuenta con un contrato indefinido: casi un 85% del total. Y esto en un momento en el que la crisis económica está empeorando las condiciones laborales a pasos agigantados.

Todo esto hace que los vigilantes españoles se sitúen a la vanguardia a nivel europeo. Están formados, cuentan con unas buenas condiciones de trabajo y, además, han demostrado su profesionalidad en numerosas ocasiones. Uno de los ejemplos paradigmáticos es el 11-M. Recientemente se han cumplido nueve años desde el trágico atentado de Madrid, en el que murieron casi 200 personas a manos del terrorismo islamista radical. Pero los merecidos homenajes a las víctimas se han olvidado año tras año de los vigilantes de seguridad presentes en las estaciones de tren, que colaboraron desde el primer momento con las autoridades para salvar vidas.

El 84% de los trabajadores son hombres

Mientras que el 11-M fue una fecha señalada y de gran exposición mediática, en el día a día de los vigilantes de seguridad también hay historias de héroes anónimos. Algunas de ellas aparecen en los medios de comunicación y otras no. Muchas son premiadas en los días de la seguridad privada, que se celebran cada año en diferentes ciudades para reconocer, por parte de las autoridades públicas, el trabajo de los vigilantes.

Héroes anónimos

Son cientos de historias de superación y valentía que se desarrollan a diario en los aeropuertos, en las estaciones de metro, en los centros comerciales o en edificios públicos. Una de ellas es, por ejemplo, la de Francisco Jesús Palencia, que salvó una vida humana. Palencia es un escolta que, cuando se encontraba en el extranjero, realizó una maniobra cardiorrespiratoria a una persona para mantenerla con vida mientras llegaban los servicios sanitarios. Fue premiado por su actuación el pasado día de la seguridad privada de Madrid, pero sin duda su mejor reconocimiento es saberse útil para la _sociedad.

Pero también hay historias que, desgraciadamente, no tienen final feliz. Es el caso de Rafael Jiménez, un vigilante de seguridad fallecido en abril de 2011 mientras trabajaba en la estación de Castelldefels. Fue agredido por un joven y no pudo superar las secuelas de la paliza.

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La nueva Ley de Seguridad Privada desata un 'boom' de los cursos para ser vigilante.

La reforma de la Ley de Seguridad Privada que está a punto de culminar el Gobierno ha disparado la demanda de cursos de formación para conseguir el título de vigilante de seguridad, un requisito imprescindible para poder trabajar en este sector. La nueva norma ampliará las facultades actuales de los vigilantes privados, facilitando que las compañías de seguridad asuman servicios que hasta ahora sólo podían ejercer los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad. El sector espera multiplicar sus cifras de negocio en los próximos años. Y con las tasas de paro en niveles récord, muchos desempleados han visto en este cambio normativo la oportunidad para conseguir un sueldo.

Centenares de academias homologadas por el Ministerio del Interior imparten el curso de vigilante de seguridad en todo el territorio nacional. El coste de la formación oscila habitualmente entre los 300 y los 500 euros. Incluye los manuales, las clases presenciales, simulacros y el entrenamiento físico. Por lo general, el periodo de formación dura entre seis y ocho semanas. La asistencia a las clases es obligatoria.

Sueldos de 900 euros

Los alumnos que completan la formación con éxito consiguen un certificado, pero la gran mayoría intenta luego hacer el examen del Ministerio del Interior necesario para conseguir el título de vigilante. Para ser auxiliar de servicios de seguridad no hace falta ningún requisito, pero las funciones que se pueden asumir con ese rango son escasas. Lucir la placa oficial de vigilante también está mejor remunerado. Mientras que un auxiliar de seguridad suele cobrar entre 900 y 1.100 euros netos mensuales, la nómina limpia de un vigilante se mueve habitualmente alrededor de los 1.300. Otra cosa es que a las empresas les interese contratar a profesionales más caros.

 

La reforma legal va a abrir nuevas oportunidades de empleo en un sector que también ha sufrido la crisis económica, y las academias de formación ya lo están notando. “Estamos percibiendo mucho interés en hacer los cursos porque se va a convertir en un nuevo nicho de trabajo ahora que está todo tan complicado”, aseguran en una academia situada en la calle de Álvaro de Bazán de Getafe, en Madrid, que acaba de empezar a dar clases en turnos de mañana y tarde.

Lo mismo nota otra academia de formación situada en la plaza de Castilla de la capital. “Creemos que hasta mayo o abril no entrará en vigor la nueva norma, pero ya se ha producido un interés porque va a crear más oportunidades de trabajo y la gente lo sabe”, afirman en este otro centro. “Cuando se presente una situación de conflictividad, a los vigilantes se les va a tener mucho más en cuenta, no va a ser como ahora. Y se ampliará también su abanico de competencias”, aseguran.

La reforma legal eleva sus capacidades

En efecto, la nueva Ley de Seguridad Privada, que sustituirá a la normativa en vigor aprobada en 1992, no sólo mejora la consideración de los vigilantes en el ordenamiento jurídico, sino que además extiende sus capacidades de control. Hasta ahora, sólo podían cachear y detener en el interior de edificaciones, inmuebles o centros comerciales. También se les permitía trabajar en urbanizaciones privadas y polígonos industriales. Pero con el texto impulsado por el Partido Popular podrán comenzar a realizar esas funciones de vigilancia en cualquier espacio público, incluso en el centro de las ciudades. Además, la ley los habilita para proteger el perímetro de las prisiones, un cometido que hasta hace poco realizaba la Guardia Civil en exclusiva.

Las empresas de seguridad se frotan las manos con la nueva regulación. De hecho, la patronal del sector ha tenido mucho que ver con el texto que acaba de llegar al Senado y que dentro de unos meses entrará en vigor. Recoge prácticamente todas sus reivindicaciones. En la actualidad hay 1.500 compañías de seguridad inscritas en el registro del Ministerio del Interior. Aunque la crisis ha mermado sustancialmente sus contratos, emplean a casi 90.000 personas, una plantilla superior a las que tienen la Policía Nacional y la Guardia Civil por separado. Y la nueva Ley de Seguridad Privada sienta las bases para el crecimiento sin límites de su actividad en el corto plazo. Por acotar la dimensión de su negocio, en 2012 facturaron más de 3.200 millones de euros.

Requisitos asequibles para acceder al mercado

“Estamos teniendo mucha demanda porque dentro de poco va a salir la nueva ley”, afirman en otra academia de formación homologada por Interior, situada en la avenida de Barcelona del municipio de Museros, en Valencia. “Está claro que va a apostarse más por la vigilancia privada y menos por la Policía Local, porque los ayuntamientos están endeudados. Es un trabajo que está en auge”, sostienen en este centro, que también va a iniciar en breve dos promociones en turnos de mañana y tarde. En este centro, como en la gran mayoría, tienen acuerdos con empresas para facilitar la colocación de los recién titulados. “A lo mejor no es posible trabajar al terminar, pero a los dos meses ya está casi todo el mundo trabajando”, aseguran en esta academia valenciana.

No es de extrañar que, con el panorama actual del empleo, la seguridad privada se está convirtiendo en el flotador al que muchos quieren agarrarse. Este sector ofrece, además, oportunidades a los trabajadores menos cualificados, el segmento más castigado por la crisis. Para conseguir el título de auxiliar sólo es necesario el graduado escolar o el título obligatorio de la ESO, tener menos de 55 años, carecer de antecedentes penales y la nacionalidad española o de un país de la UE. El examen del Ministerio del Interior para conseguir el título de vigilante (un test de 80 preguntas y unas pruebas físicas) también es accesible. “Se nota ya mucho movimiento, aunque es verdad que la nueva ley aún no se aplica”, sostienen en otra academia de formación de seguridad privada, en este caso situada en la calle Alozaina de Málaga capital. “Va a hacer que se contrate a más gente y eso ha hecho que haya más interés en los cursos”, aseguran en este centro, que arranca este lunes con otras dos promociones de alumnos.

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