Con
una facturación anual de 3.600 millones de euros, las empresas de seguridad
privada de España se sostienen pese a la crisis ahora afianzadas por la
reciente reforma de la Ley de Seguridad Privada, en vigor desde el 5 de
junio. Ésta confiere respaldo jurídico a una manera de actuar que ya se estaba
aplicando de facto pero bajo un
limbo normativo, pues los vigilantes de seguridad venían ya trabajando en la
vía pública, pero con muchos vacíos legales. La nueva norma regula
absolutamente el sector, lo saca de la selva, como se apuntaba ayer en el acto
celebrado en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla con motivo del Día
de la Seguridad Privada en el que se hizo entrega de distinciones a
vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas el año pasado por parte
de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia
Civil.
El evento contó también con un foro en el que los responsables
de seguridad pública y de las empresas privadas destacaron las ventajas del
nuevo marco legal, que sustituye a una ley de 1992 «que ya era puntera en
Europa, la envidia de países como Italia o Alemania, con lo que ahora esta
reforma nos coloca con mucha más diferencia con respecto a nuestro entorno,
siendo una referencia mundial». Así lo destacó el comisario Esteban Gándara,
de la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional,
encargado de la coordinación con los vigilantes privados. Tanto él como los
responsables de las asociaciones recalcaron un aspecto: el nuevo texto limita
perfectamente la actuación de la seguridad privada a la posibilidad dedetención
de delincuentes «como protección o bien para su puesta inmediata a disposición
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Los límites están muy
bien definidos y, de hecho, no se ha producido ni una sola denuncia por
detención ilegal en todo 2013 ni en lo que va de 2014, según apuntaron.
La ley no hace sino reproducir la facultad que los
vigilantes ya tenían en sus funciones en la vía pública. De hecho, como apuntó
a ABC el delegado en Andalucía de Aproser —asociación que aglutina al
70% de compañías—, Miguel Sánchez Pizarro, «cualquier ciudadano,con
la normativa vigente, dispone de la facultad de detener a un delincuente.
De la misma manera que la ley no prevé en modo alguno que un vigilante se vaya
a dedicar a solicitar la documentación aleatoriamente a quienes transitan
pacíficamente por la calle». Los límites están definidos aunque se ofreciera
una imagen de la reforma distorsionada ante una presunta «privatización» de la
Policía para ser suplidos por «seguratas». Todos los días se producen
detenciones por parte de vigilantes de seguridad en centros comerciales o
edificios públicos. Forma parte de la normalidad, es un trabajo complementario
con el de la Policía, ante quien se pone inmediatamente a disposición al
detenido.
Formación «policial»
Además, también quedó remarcado el hecho de que los profesionales de la seguridad privada en España tienen ya en la actualidad el mayor nivel de formación de todos los países de la Unión Europea, tanto por el contenido de la formación previa que reciben, por la existencia de un examen por la policía (con test físicos y psicológicos) antes de obtener la habilitación profesional y por la exigencia de una formación permanente durante toda su vida profesional, con un curso obligatorio anual de 20 horas. Reciclaje constante.
La reforma incluye una mayor protección jurídica al vigilante,
ya que cuando las agresiones que sufran cuando actúan debidamente
identificados, durante el ejercicio de sus funciones, y en coordinación o bajo
mando de las Fuerzas de Seguridad, tendrán la misma calificación penal que
si se hubieran cometido contra agentes de la autoridad. Se les permite la
persecución en espacios públicos de delincuentes «que hayan sorprendido en
flagrante delito» y se les protege legalmente como a policías, pero sus
funciones están del todo subordinadas a éstos. El tono complementario es tal
que los vigilantes privados podrán vigilar el perímetro de centros
penitenciarios.
Premiados por su trabajo en 2013
Por méritos. Con motivo del Día de la Seguridad Privada, se hizo entrega ayer en la Fundación Cajasol por parte de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de sesenta menciones honoríficas a vigilantes de seguridad por actuaciones destacadas de 2013. Entre los servicios distinguidos con las menciones «tipo A» destacan intervenciones como la del vigilante de un establecimiento comercial que evitó un robo con intimidación, persiguió al autor y lo detuvo pese a que éste le amenazaba con un arma blanca. O también la intervención de tres vigilantes del Hospital de Valme que evitaron que una mujer en avanzado estado de gestación se autolesionara clavándose un cuchillo. Entre las menciones «B» destacaron múltiples intervenciones que evitaron agresiones a personal sanitario y empleados de centros oficiales, auténtica lacra en los últimos años, la colaboración en la extinción de incendios, la asistencia a personas con minusvalías o numerosos servicios en polígonos industriales colaborando en la detención de ladrones o atracadores.
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