España
es uno de los países que lideran el sector de la seguridad, que factura 3.200
millones de euros al año y emplea a 85.000 personas. También es uno de los
estados miembros de la Unión Europea con más policías por habitante (516
agentes por cada 100.000 habitantes, frente a los 385 de media de la Unión
Europea). Y respecto a las grandes capitales europeas, Madrid es una de las
ciudades más seguras, según Eurostat.
Las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son los encargados del mantenimiento
de esa seguridad pública y ciudadana, así como de la prevención e investigación
del delito. La Policía Nacional cuenta con 69.358 agentes en el territorio
nacional y 13.644 en Madrid, y la Guardia Civil, por su parte, con 81.941
agentes en España y 6.880 en la Comunidad. Son, por tanto, las cabezas visibles
del sector. En Madrid, ambos Cuerpos tienen que hacer frente a una tasa de
criminalidad que supera los 379.000 delitos y faltas, capítulo en el que no se
incluyen los homicidios o el tráfico de drogas, seguidos de los hurtos
?151.459?, los robos con fuerza ?59.488 casos? y la delincuencia violenta
?24.117 casos?, según datos del Ministerio de Interior correspondientes a 2013.
Aun así, el Sindicato Unificado de la Policía asegura que las estadísticas
demuestran que el nivel de eficacia policial y de seguridad en Madrid es de los
mayores de Europa.
En la capital hay 19 comisarías de distrito, a las que hay que sumar la del
aeropuerto de Barajas y las 12 repartidas por otros tantos municipios de la
región. El trabajo policial en la Comunidad de Madrid tiene unas
características especiales debido a que presenta una serie de condicionantes
como las excesivas labores en materia de seguridad ciudadana, los altos niveles
de peligrosidad y la inestabilidad de las plantillas policiales, debido a que
los agentes buscan trabajar en otras provincias de España "con mejores
condiciones laborales y calidad de vida", afirman fuentes del sindicato
policial.
Una situación que comparten desde la Asociación
Unificada de Guardias Civiles, convencidos de que "para un
guardia civil desarrollar su profesión en la Comunidad de Madrid es muy
diferente por el estrés y el volumen de trabajo".
La Comunidad de Madrid, donde se ubican 61 acuartelamientos,
"es un lugar de paso", afirma Francisco Cecilia, secretario general
de la asociación. "Los agentes, cuando tienen la oportunidad, buscan un
destino más próximo a su lugar de origen, donde con su salario puedan mejorar
sus condiciones de vida", añade. A esto se une el descenso que han sufrido
las plantillas de ambas fuerzas de seguridad. "La Guardia Civil ha perdido
a nivel nacional unos 12.000 agentes desde 2010, unos 3.000 por año",
indica Francisco Cecilia. Desde el sindicato de policía aseguran que en los
próximos años también "se notará un descenso notable en el número de
efectivos policiales debido a las jubilaciones y a que en los últimos tres años
apenas se han ofertado plazas de nuevo ingreso".
Entre las labores de la Guardia Civil también está la de controlar que se
cumpla el código de la circulación. Si bien en este terreno, el protagonista es
la Jefatura Provincial de Tráfico, dentro de la Dirección
General de Tráfico (DGT), encargada de vigilar el tráfico de las
principales vías garantizando la seguridad a través de cámaras y radares.
Además de este tipo de controles, este organismo también analiza las
condiciones de circulación, el estudio de puntos negros conflictivos y las
obras de mejora de la seguridad vial. Por otra parte, la DGT y la Guardia Civil
de Tráfico colaboran y participan en los planes de emergencia por
circunstancias meteorológicas, medioambientales y planes de actuación en
materia de protección civil y coordinación de emergencias. En este último
punto, coordinan también las operaciones de auxilio en caso de accidente.
En este tipo de situaciones es básica también la intervención del Summa
112. El servicio de emergencias tiene todas las competencias sanitarias en la
Comunidad de Madrid, tanto en urgencias como en emergencias y catástrofes. Sus
competencias también se amplían al rescate acuático, como ocurre en el pantano
de San Juan, así como en materia sanitaria en colaboración con el cuerpo de
Bomberos a través del GERA, el Grupo Especial de Rescate en Altura.
A estos dos
cuerpos se suma la Policía Municipal, que actúa en 102 municipios, todos ellos
con más de 5.000 habitantes. La plantilla más numerosa, con 7.000 agentes, es
la del Ayuntamiento de Madrid, mientras que en la Comunidad trabajan otros
6.000 agentes, de los que 2.500 pertenecen a las Brigadas Especiales de
Seguridad Ciudadana (Bescam). También el ayuntamiento de la capital cuenta con
un Cuerpo de Bomberos con más de 1.500 integrantes a los que se suman otros
1.300 repartidos en el resto de los parques, estos dependientes de la
Comunidad.
La otra cara de la seguridad
La seguridad en
la Comunidad de Madrid no solo depende de los recursos públicos, pues también
es precisa la participación de empresas privadas para garantizarla. En España,
este sector ha experimentado un desarrollo extraordinario en los últimos años
con 1.490 empresas, una plantilla de 85.000 personas y una facturación de 3.215
millones de euros, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2012.
El número de vigilantes privados, sin embargo, es menor, pues se sitúa en 195
por cada 100.000 habitantes, 76 menos que la media de la Unión Europea. Los
datos madrileños hablan de 306 empresas, que emplean a 22.835 personas con una
facturación cercana a los 885 millones de euros.
Según estas cifras, en la actualidad hay más agentes públicos que
privados, por lo que queda abierto un espacio todavía por explorar. Por
ello, el Ministerio del Interior, para consolidar este sector económico, ha
aprobado el nuevo proyecto de Ley de Seguridad Privada, que pone al día la
norma de 1992 para impulsar la coordinación y cooperación entre los sectores de
seguridad pública y privada, combatiendo el intrusismo con sanciones como el
cierre de aquellas empresas que infrinjan la nueva regulación. Además, ampliará
las vías de acceso a la profesión y la protección jurídica de los vigilantes
que actúen como agentes de la autoridad.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
solamente cuatro empresas de seguridad superan los 5.000 trabajadores. Estas
empresas pertenecen a APROSER, la asociación profesional de
las compañías privadas de servicios de seguridad. El resto son pymes, con
algo más del 72 por ciento de compañías que tienen de 1 a 19 trabajadores
asalariados. Las doce empresas asociadas a esta patronal representan cerca del
70 por ciento de la facturación global.
El grupo más numeroso de profesionales dentro del sector son los
vigilantes, que representan el 75 por ciento del personal autorizado por el
ministerio. En torno al 21 por ciento de estas empresas se dedica a la
vigilancia, "el segmento más importante dentro del sector en términos de
facturación, ya que aporta el 65 por ciento del total", apunta Eduardo
Cobas, secretario general de APROSER. Las otras dos áreas más importantes son
sistemas y alarmas y transporte de fondos. Los escoltas, los vigilantes de
explosivos y los directores de seguridad son otros agentes a tener en cuenta en
este sector.
En 2012 la facturación descendió casi un 7 por ciento. Desde el inicio de
la crisis, a mediados de 2008, el sector ha registrado caídas continuadas en
los ingresos con una bajada acumulada superior al 20 por ciento. Cobas la
explica por la reducción de los presupuestos de seguridad de los clientes,
especialmente de los relacionados con la administración pública ?un 78 por
ciento del total? y por la caída de los contratos privados. "Se han abierto
menos centros comerciales y no podemos olvidar el estancamiento del
ladrillo", apunta el secretario de la patronal.
A pesar del deterioro del sector, Cobas afirma con rotundidad que los
vigilantes de España son los mejor preparados de Europa, siendo la vigilancia
privada "de gran calidad". De hecho, en Madrid tienen sede algunas de
las empresas más punteras en vigilancia privada, como Prosegur, que factura
3.669 millones de euros. Con más de 35 años de historia, Prosegur es una
multinacional reconocida a nivel mundial con 26.000 empleados.
Otro referente en vigilancia privada en la región es Securitas. Cuenta con
una cuota de mercado que alcanza el 24 por ciento y 17.000 empleados que
trabajan en las 50 delegaciones nacionales. En términos de facturación, Eulen
es la tercera empresa a nivel nacional, lo que representa unas ventas en la
Comunidad de Madrid cercanas a los 55 millones de euros. Su plantilla en la
región está formada por 1.650 personas ?un 30 por ciento mujeres? de las 6.900
que tiene en toda España. "Tiene presencia en todos los sectores de la
actividad, desde la administración pública al sector energético, pasando por el
aeroportuario, el financiero y los centros comerciales", explica Luciano
Valladares, director nacional de Eulen Seguridad. Como el resto de empresas,
Eulen también ha tenido que hacer frente al descenso de la demanda. "Es
una de las actividades en las que se suele reducir cuando hay que hacer un
ajuste de costes", reconoce Valladares.
El Grupo Segur también está entre los primeros en el mapa de la vigilancia
privada con 30 años de trayectoria a sus espaldas. Unos 7.000 profesionales
repartidos por 27 delegaciones forman la estructura de una empresa que
desarrolla servicios de de alta especialización como la vigilancia y protección
de la flota atunera que faena en el Océano Índico.
El universo de los detectives
Los detectives
completan el sector de la seguridad privada, aunque son los menos visibles. En
España hay alrededor de 1.500 en activo, de los que en Madrid actúan unos 400.
Aunque el desarrollo de esta profesión poco tiene que ver con los personajes de
películas y de series de televisión, "embauca. Es preciso que guste y vivirla",
afirma Eva Grueso, presidenta de la Asociación Profesional de
Detectives Privados de España (APDPE).
Como en el resto de profesiones, los detectives están atravesando la pesadilla
del paro y del cierre de aquellas agencias que no consiguen ganar lo suficiente
para sobrevivir. Empresas de renombre en Madrid, como Detectys, reconocen que
han tenido que adaptarse a las nuevas condiciones. Óscar Rosa, socio director
de esta empresa, la mayor de investigación privada en Europa y especializada en
casos económicos e inteligencia empresarial, está convencido de que "el
sector se ha transformado y por ello hay que trabajar muy duro para captar y
fidelizar a los clientes".
Los trabajos que realizan actualmente los detectives van desde las infidelidades
y los divorcios hasta las falsas bajas laborales. "Hubo un momento en
el que se investigaban las infidelidades con asiduidad. Cuando se despenalizó
el adulterio y dejó de ser causa de separación, estas investigaciones pasaron a
realizarse menos porque, además, el uso de las mismas no es válido en un
procedimiento judicial", explica la presidenta de APDPE. Sin embargo, las
investigaciones de carácter económico ?solvencia y localización de deudores?,
han aumentado un 63 por ciento, las relativas a pensiones alimenticias y
compensatorias, un 15 por ciento, y los intentos de fraude al seguro un 12 por
ciento. La competencia desleal, el espionaje industrial y la reconstrucción
de accidentes para las aseguradoras son otras labores de investigación
frecuentes. "Nuestras investigaciones van dirigidas a saber los datos
de contacto fiables de un deudor, conocer su liquidez para que el cliente
decida si inicia un procedimiento legal o determinar el grado de confianza en
un nuevo cliente", explica Óscar Rosa. José María Alonso, director de
operaciones de Zenit Detectives, otra agencia puntera en la región, explica que
ahora se realizan muchas investigaciones en el ámbito empresarial, de las que
el 19 por ciento son informes de solvencia. "Las empresas pueden conocer
así el estado real de la situación de la sociedad que se investiga. También ha
aumentado el fraude en las empresas, sobre todo con el tema de las falsas
bajas", dice este experto.
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