EL OBJETIVO ES LIBERAR
PARA OTRAS FUNCIONES A LAS PLANTILLAS DE FCSE
El Ministerio del Interior ha decidido extender a todos los centros
penitenciarios de España la contratación de seguridad privada para la
vigilancia perimetral de esas instalaciones.
Hasta ahora, el
departamento de Jorge Fernández Díaz (MIR) sólo había implantado este modelo en
21 de los 68 centros administrados por Instituciones Penitenciarias en el marco
de un programa piloto iniciado en mayo de 2013. Pero el Ejecutivo acaba de adelantar
que en breve ejecutará una segunda fase de ese plan para
que vigilantes privados comiencen a asumir de forma generalizada la labor de
vigilancia exterior de las cárceles, un trabajo que hasta ahora sólo
podían desarrollar los funcionarios de las Fuerzas de Seguridad.
El propio Gobierno ha anunciado esta medida en una respuesta
parlamentaria. “En una primera fase, el
Plan se ha desarrollado como modelo en 21 centros penitenciarios. En la segunda fase se incorporarán los restantes centros penitenciarios,
no siendo posible en estos momentos cuantificar el coste que supondrán estos servicios de seguridad privada.
Esa afirmación implica un cambio relevante en el modelo de
gestión de los centros penitenciarios. Hasta ahora, Interior había mantenido
que la contratación de personal privado estaba únicamente en fase de pruebas y
que su aplicación se limitaba a un limitado porcentaje de cárceles. Pero el
Gobierno reconoce ahora por primera vez que la medida se extenderá a las 68 prisiones que dependen de la Administración
del Estado –los centros catalanes son competencia de la
Generalitat– y que, además, ese modelo tiene vocación de permanencia.
Vallados,
cámaras y accesos
Según
especifica Moncloa, el objetivo de la contratación de personal privado es “optimizar los recursos humanos de los centros penitenciarios”.
Se
pretende que determinadas funciones auxiliares sean asumidas por vigilantes de seguridad privada,
siempre bajo la dirección y supervisión de la Unidad de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado que tenga encomendada la responsabilidad de la
seguridad del centro penitenciario afectado, contribuyendo con todo ello a
la recuperación de efectivos policiales para asumir funciones de seguridad
ciudadana.
En
concreto, la vigilancia del
perímetro de las cárceles implica el control de los vallados y muros
exteriores, la supervisión de las cámaras de seguridad y la comprobación de los
accesos reservados a familiares, entre otras funciones.
Hasta
mayo de 2013, esa vigilancia era desempeñada en exclusiva por la Guardia Civil
o la Policía Nacional (dependiendo de sus competencias en la zona de la
prisión), y por las policías autonómicas en los territorios con las
competencias de seguridad transferidas.
El aval de la Ley de Seguridad Ciudadana
El Ministerio del Interior extenderá
este modelo con la cobertura de la nueva Ley de Seguridad Privada, aprobada definitivamente
por el Congreso el pasado mes de marzo y publicada en el BOE el 24 de
abril.
En su artículo 41.3, la norma habilita
expresamente a los vigilantes de seguridad privada para prestar ese servicio, y en el artículo 40.1 les
concede la posibilidad ejercer esa labor portando armas de fuego “cuando lo
requieran las circunstancias”.
No obstante, la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a que ese
trabajo se realice bajo la “dirección” de funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad,
una condición que subraya Interior para recordar que el Estado seguirá siendo
el máximo responsable de ese control.
Interior
no ofrece datos sobre el coste que tendrá la entrega de ese servicio al sector
privado
La primera fase de este programa fue adjudicada a una unión temporal de
empresas compuesta por ocho compañías del sector de la
seguridad, en total, ha supuesto la contratación de 254
vigilantes de seguridad.
Lo que sí asegura en otra respuesta parlamentaria es
que los informes internos que ha realizado Instituciones Penitenciarias para
evaluar el resultado del programa piloto han concluido que “los servicios prestados” por las empresas de seguridad privada “han
cumplido en su totalidad con las condiciones establecidas en el contrato y
Pliego de Prescripciones Técnicas”.
Reorganización de las
plantillas
El único objetivo de este plan,
según el MIR, es liberar para otras
funciones a las plantillas de las Fuerzas de Seguridad que hasta
ahora realizaban en exclusiva la vigilancia perimetral de las cárceles. Para
esta labor, cada centro penitenciario cuenta con una dotación
media de entre 40 y 50 agentes públicos. Interior quiere que esa
cifra se reduzca drásticamente con la llegada de personal privado.
La
medida cuenta con la oposición frontal de los principales sindicatos de
prisiones
Consideran que en
realidad se trata de una estrategia premeditada para que el personal privado
desplace progresivamente a los funcionarios en todos sus
cometidos.
A su juicio, la
contratación de vigilantes privados para la vigilancia perimetral sólo es la primera parte de ese plan.
Los representantes de los funcionarios de prisiones aseguran
que la nueva Ley de Seguridad Privada que ha sacado adelante el Gobierno
permite incluso al sector privado ofrecer sus servicios dentro de las cárceles, no sólo en la vigilancia
exterior.
En su opinión, sólo es
cuestión
de tiempo que el personal contratado empiece a trabajar también en el interior, una posibilidad que desmienten desde el Ministerio.
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