La recibirán todos los españoles con una cotización superior a cinco años y se informará además de la edad estimada en la que podrán jubilarse.
El
Gobierno espera que todos los españoles con una carrera de cotización superior
a cinco años, alrededor de 17,6 millones de personas, reciban ya en 2016
la carta en la que la Seguridad Social les informará de la edad estimada en la
que podrán jubilarse y la pensión
pública con la que contarán en ese momento.
El Gobierno espera que todos los españoles con una carrera de cotización superior a cinco años, alrededor de 17,6 millones de personas, reciban ya en 2016 la carta en la que la Seguridad Social les informará de la edad estimada en la que podrán jubilarse y la pensión pública con la que contarán en ese momento.
Para
el Estado esta comunicación supondrá un coste superior a los 11 millones de
euros en estos tres años. Así consta en la memoria económica del proyecto de
Real Decreto por
el que se regulan las obligaciones tanto de la Administración como de las
entidades privadas respecto a esa comunicación que el Gobierno prevé poner en
funcionamiento ya en 2014 para concienciar a los ciudadanos sobre la
importancia que tiene su carrera de cotización en la futura pensión y la
disposición de todo tipo de formas de ahorro para que ésta sea suficiente.
El
texto, al que ha tenido acceso Europa Press, prevé que la primera notificación
se realice a los seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto,
siempre antes de que finalice 2014, y que en un primer momento llegue a 5,3
millones de personas (afiliados y perceptores de prestaciones por desempleo),
todos ellos mayores de 50 años en situación de alta en la Seguridad Social o
que, en situación de baja, acrediten el periodo mínimo de cotización necesario
para tener derecho a una pensión de jubilación ordinaria.
Para
el año 2015, se espera extender esta comunicación a los mayores de 40 años, con
un total de 10,8 millones de personas, y que en 2016 la carta llegue a todos aquellos
que acrediten más de 5 años de cotización, hasta 17,6 millones de personas.
Sobre el coste que ello tendrá para el Estado, la estimación de la memoria
apunta que este podría llegar, como máximo, hasta los 11 millones de euros en
estos tres años.
El texto parte de dos hipótesis de gasto. Una primera
en la que los gastos de edición y notificación estarán en línea con el coste en
2013 de las campañas de información ordinarias del Instituto Nacional de
Seguridad Social (INSS) a los pensionistas, y
una segunda en la que plantea que estos gastos pueden duplicar los de las
comunicaciones ordinarias, con un incremento anual del 2% a partir de 2014.
Así, el coste en 2014 oscilaría entre los 848.795 euros y los 1,6 millones de
euros; en 2015, entre los 1,7 millones de euros y los 3,4 millones; y en 2016,
entre los 2,9 millones y los 5,8 millones de euros.
¿En qué consistirá la carta?
Según el proyecto de Real Decreto
trasladado por el Gobierno a los agentes sociales para que realicen las
alegaciones pertinentes, la carta anual que recibirán los cotizantes a
través de correo ordinario procedente de las entidades gestoras de las
Seguridad Social en 2014 y años sucesivos deberá contener información
puntual sobre la edad legal de jubilación que le corresponderá al
trabajador si continuase cotizando al sistema hasta dicha edad, la fecha a la
que podrá acceder a la jubilación ordinaria, los periodos de cotización
necesarios para ello, y el importe mensual y anual estimado en euros
constantes de la pensión de jubilación correspondiente, calculado sobre 14
pagas.
Además, esta comunicación por parte de la
Seguridad Social deberá ir paralela a otra procedente de las entidades privadas
sobre los instrumentos de carácter complementario y alternativo, tales
como mutualidades de previsión social, planes de previsión social empresariales
o planes y fondos de pensiones y seguros individuales y colectivos.
En este caso, la estimación se realizará
a partir de las aportaciones realizadas a estos instrumentos por parte del
asegurado. En el primer caso, la obligación de la Seguridad Social de informar
se prolongará hasta que el trabajador cumpla la edad legal de jubilación, salvo
que el trabajador no acredite en ese momento el periodo mínimo de cotización
exigible, remitiéndose en tal caso la información hasta que cumpla 70 años.
En el caso de los instrumentos privados
de protección, la comunicación se extenderá hasta que el asegurado cumpla los
65 años y el importe se calculará sobre 12 pagas anuales. El texto elaborado
por el Gobierno avisa de que la información que se remita al ciudadano, en su
doble vertiente, futuro derecho a pensión de jubilación de la Seguridad Social
y futuros derechos estimados en razón de las aportaciones a otros instrumentos
de previsión social complementaria o alternativa, "tendrá un mero valor
informativo y orientador [...], sin que en ningún caso dicha información pueda
originar derechos ni expectativas de derecho a su favor, ni obligaciones o
responsabilidades a las entidades que la emiten".
Para obtener la información sobre la
futura pensión se utilizarán los datos que tenga la Seguridad Social en el
momento de la fecha de emisión. A partir de dicha fecha, se harán
estimaciones en función de una serie de criterios técnicos a definir mediante
una resolución de la Secretaría de estado de la Seguridad Social. Empleo
precisa que, con carácter general, se utilizará como índice anual de actualización
(de la pensión) el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE) y que
no se tendrán en cuenta los coeficientes reductores aplicables a grupos o
actividades penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres ni los supuestos
previstos legalmente para reducir la edad ordinaria de jubilación.
Un nuevo modelo de nómina
Por otro lado, el texto señala que,
dentro de la sede electrónica de la Seguridad Social, se creará un entorno
electrónico y personalizado denominado 'Tu Seguridad Social', al que podrán
acceder los trabajadores para la consulta de sus datos relativos a las
prestaciones del sistema, con excepción de las pensiones no contributivas y de
las prestaciones por desempleo de nivel contributivo y asistencial, así como
para la realización de las gestiones con ellas relacionadas.
Además, el proyecto de Real Decreto prevé
implantar un nuevo modelo de nómina, que entrará en vigor a los tres meses
desde su aprobación y que sustituirá al actual para ofrecer información más
completa al ciudadano.
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