Tras la
aprobación de la nueva ley de seguridad privada por el pleno del Congreso de
los Diputados, producida esta mañana, APROSER quiere agradecer el importante
esfuerzo de adaptación de la norma a la mayoría de las nuevas realidades
sociales que se han venido consolidando durante los últimos 22 años de vigencia
de la anterior.
En
primer lugar, APROSER quiere destacar que la nueva norma aprobada por el
Parlamento reafirma y refuerza el carácter absolutamente subordinado y
complementario, y por lo tanto no alternativo, de la seguridad privada respecto
a la seguridad pública, para lo que basta con examinar tan solo el preámbulo de
la nueva Ley y los capítulos destinados a infracciones y sanciones.
Por lo
tanto, APROSER entiende incongruente que se siga insistiendo en la idea de que
esta necesaria revisión normativa sea un intento de privatización de la
seguridad, una competencia exclusiva de los poderes públicos de acuerdo con
nuestro marco constitucional y “ejercida en régimen de monopolio por el poder
público del Estado”.
APROSER valora muy
positivamente la incorporación de la lucha contra el fraude y las prácticas de
intrusismo en la nueva norma y reitera a las autoridades públicas la necesidad
de que se desarrollen a la mayor brevedad posible los mecanismos de cooperación
interadministrativa previstos en la ley, mecanismos más urgentes que nunca para
permitir aprovechar plenamente las potencialidades de un sector económico que a
pesar de su madurez y nivel de consolidación presencial en la sociedad, debe contribuir
en mayor medida al PIB nacional y a la generación de empleo.
Del
mismo modo, se valora favorablemente, entre otros aspectos, la mayor
flexibilidad en la asunción puntual de cometidos por parte de los profesionales
de seguridad, un mayor respaldo jurídico a su actividad, el tratamiento de los
nuevos sistemas complementarios de acceso a la profesión, la regulación de los
servicios de video-vigilancia, así como el hecho de que como resultado de la
tramitación parlamentaria se hayan acotado las situaciones donde resulte
obligado portar armas de fuego.
Por
último, APROSER lamenta que tras la tramitación parlamentaria no se haya
mantenido una redacción que expresamente permitiera una adaptación de la ley a
las nuevas necesidades de seguridad que la ciudadanía demandará en el futuro
para las vías públicas, siguiendo la práctica de los países más avanzados de
nuestro entorno, todo lo anterior al margen de la mayor garantía jurídica
derivada de la incorporación en una norma de rango legal de la diversidad de
servicios que actualmente presta la seguridad privada a los ciudadanos y sobre
los que la seguridad pública sigue ejerciendo un absoluto control, a la vez que
apostando por el papel preventivo de la seguridad privada e integrando
funcionalmente todas sus potencialidades.
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