Las
compañías 'pirata', que pueden pagar a los trabajadores por debajo del convenio
colectivo, roban espacio a las grandes que no pueden hacer eso.
La reforma laboral lanzada por un decreto de urgencia en febrero
de 2012 por el recién estrenado gobierno de Mariano
Rajoy ha sido
saludada por la mayoría de sectores empresariales. Sin embargo, no ha caído tan
bien para algunos en el sector de la seguridad privada, uno de los mayores
empleadores privados del país y donde una de las condiciones que ofrecía la
nueva regulación -posibilidad de una empresa de 'descolgarse' del convenio
colectivo sectorial si se encontraba en pérdidas- ha provocado la guerra entre
distintas compañías. Según la reforma laboral aprobada por el PP, una empresa
puede reducir las condiciones de trabajo (básicamente, el sueldo) de los
empleados por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.
"Nosotros estamos compitiendo pagando los sueldos del
convenio a los trabajadores, entonces una empresa que compite ofrece un precio
muy inferior, tras lo cual se declara en pérdidas y baja los sueldos a los
trabajadores argumentando que no les puede pagar. Donde se pagaba 1.000 ahora se paga 700.
Creemos que esto desvirtúa el espíritu de la reforma laboral", dice Ángel Córdoba, presidente de la patronal Aproser. Sus
palabras a favor de los empleados suenan raro dentro del mundo empresarial.
Pero a sus empresas de seguridad privada no les interesa bajar los sueldos a
sus empleados. ¿Por qué?
"Las empresas grandes no pueden
hacer estos descuelgues, porque entonces se rompería la paz social que tienen
con los sindicatos y por la que éstos también les ayudan a ocultar cosas. Pero
las empresas pirata nuevas que aparecen sí lo hacen y se están llevando muchos
contratos", asegura a este diario Avelino
Arroyo, del Sindicato de Trabajadores de Seguridad. Según datos
del sindicato FTSP-USO, hasta marzo de 2015 hasta un 20% de los trabajadores de
seguridad sufrían los efectos del 'descuelgue' de los convenios y habían pasado
a estar regidos por convenios peores que el convenio general de seguridad
privada. Este informe aseguraba que "algunas de esas empresas sólo tienen
contratos parciales, pero hacen trabajar a sus vigilantes a jornada completa. “Además pagan las horas extras en negro”,
aseguraba este sindicato.
"Es cierto que estamos solos en
CEOE defendiendo estos puntos de vista, pero pensamos que aunque el descuelgue
haya sido positivo para algunos, no lo ha sido igual para todos porque no todas
las empresas tenemos las mismas características", certifican en Aproser.
En esta asociación sólo permiten asociarse a empresas que no permitan los
descuelgues de convenio.
El sector público alienta
Los responsables de Aproser han
denunciado que en muchas ocasiones es la propia administración pública la que
fomenta esta hipercompetitividad entre compañías. Uno de los casos denunciados
fue protagonizado por Marsegur, una empresa propiedad deSegurida
Integral Canaria compañía que ha logrado muchos contratos en los últimos años
en la Comunidad de Madrid. Según denunció en su momento Podemos, Marsegur como
filial encubierta de SIC "bajó el sueldo un 33% a cada vigilante para que
pasaran de ganar 1.150 euros al mes a 750, lo que supondría "un ahorro de
1.800 euros por trabajador" de los centros de vigilancia de menores a
cargo de la administración autonómica, según denunció la joven diputada Isabel Serra.
Hay que tener en cuenta que el sector
es muy competitivo lo cual favorece la aparición de nuevas compañías. La
seguridad privada cuenta con 1.534 empresas, de las que un 82% tiene menos de
50 empleados. Aproser sólo reúne a unas pocas, pues sus compañías representan a
5.000 trabajadores (Prosegur o Securitas son algunas de las más importantes)
mientras que muchas otras de relevancia quedan fuera. Entre ellas, Ombus-Casesa (fusionadas a final de
año) o la citada Integral Canaria. En el total del sector se emplea a 78.200
profesionales con una fuerte presencia local, y mercados de gran relevancia
sobre todo en Madrid, Cataluña y Andalucía.
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