Policías,
guardias civiles, bomberos y vigilantes de seguridad, entre los clientes.
Seis años de trabajo del Grupo II de Fraudes de la Comisaría de
Málaga han culminado con el desmantelamiento de la mayor trama de
falsificación de títulos académicos realizada hasta ahora en España, y cuyo
balance es espectacular: más de 600 detenidos, cerca de mil imputados,
unos 200 funcionarios expulsados tras constatarse que habían obtenido su plaza
de forma fraudulenta y varios millones de euros de perjuicio para las
administraciones. Una estafa faraónica cuyo epicentro fue una modesta academia
de la avenida Héroe de Sostoa de la capital malagueña, y que se personifica en
un falsificador que rebasa los 60 años a quien los investigadores sitúan en la
cúspide de un entramado que se extiende por todo el país.
Según pudo saber ABC, los resultados de esta operación ponen de
relieve una corrupción de bajo perfil enraizada en la sociedad. La mayoría de
los detenidos e imputados son personas que pagaron por adquirir falsificaciones de licenciaturas,
diplomaturas, Bachiller o FP con las que se presentaron a oposiciones de empleo
público y procesos selectivos en la empresa privada. Aunque también está el
caso de un capitán del Instituto Armado que lo quería para «presumir».
Un entrenador de fútbol
Entre los clientes hay muchos policías locales, guardias
civiles, policías nacionales, bomberos, trabajadores sanitarios, abogados,
economistas, militares, funcionarios de la Junta, vigilantes, directores de
seguridad e incluso un entrenador de fútbol de un equipo ahora en Segunda
división.
Las administraciones y Cuerpos de Seguridad han iniciado más de 200 expedientes de expulsión. Esta
cifra es muy inferior al número de los casos realmente detectados, pero
finalmente se ha decidido proponer el despido de aquellos en los que la
titulación era un requisito imprescindible para obtener la plaza y en los que
la misma computó de forma determinante en la puntuación del opositor.
También hay que tener en cuenta que muchos de los que
adquirieron los diplomas iban a trabajar en el sector privado. Por ejemplo,
unas 150 personas encausadas están
relacionadas con la seguridad privada, siendo el ámbito profesional donde más
fraude se ha detectado. Unas 25 son policías locales de la provincia malagueña.
La investigación comenzó en febrero de 2008 en Málaga después de
que los agentes detectasen un aumento notable de falsificación de títulos
oficiales, por lo que se puso en marcha la denominada operación Eladio.Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la
fuente de origen: un falsificador que entonces rondaba los 60 años y que
supuestamente había tejido un entramado delictivo en torno a una academia de
formación. El «cabecilla» de la red, identificado como Manuel C. F. y que ahora
tiene 66 años, contaba con una serie de cómplices que se dedicaban a captar a
clientes -opositores «desesperados» por acceder a las ofertas de empleo
público- y que supuestamente percibían un porcentaje por cada uno de ellos.
Este individuo cobraba una media de unos 1.200 euros por título -dependía de la dificultad y el grado de
importancia-, y era tal su pericia que personas de toda España acudían a Málaga
para requerir sus servicios. Por ejemplo, en Santander fue arrestado a finales
del pasado año un hombre que adquirió los diplomas de Bachiller en Humanidades
y Ciencias Sociales, de Detective Privado y de Experto Universitario en
Criminología. El arrestado declaró que había pagado unos 600 euros por cada uno. La clientela
se reparte por Zaragoza, León, Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Segovia,
Melilla, Granada y Ciudad Real, y las ganancias obtenidas por el falsificador
se estiman en 1.200.000 euros.
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